Dr. Ramiro Carrillo A. | ABOGADO

Conforme al recurso de casación en la forma, en la que se denuncia incongruencia en el razonamiento del Ad quem en cuanto a la secuencia de la notificación con la sentencia, de la revisión de antecedentes en efecto se constata esa irregularidad manifiesta, debido al poco cuidado con la que se habría actuado a momento de revisar la referida diligencia por el que se pretende una fecha diferente a la asentada a fs. 141 que en primer término señala “jueves 18”, luego aparentemente “Jueves 13” y seguido de nuevo “Jueves 18” –fs. 141 vlta.-, siendo absolutamente erróneo aquello conforme se constata de su verificación, que daría lugar a la nulidad del Auto de Vista conforme a la pretensión del recurrente a fin de que el Ad quem ingrese a considerar los agravios denunciados en apelación; sin embargo, de la revisión del proceso, se hace preciso considerar sus antecedentes e ingresar a su análisis bajo el amparo de lo dispuesto por el art. 106 del Código Procesal Civil, que autoriza: “La nulidad podrá ser declarada de oficio o a pedido de parte, en cualquier estado del proceso, cuando la Ley la califique expresamente”.

Se constata que se demandó usucapión decenal de un bien inmueble, en ese contexto corresponde puntualizar que para su procedencia son requisitos a considerar tres aspectos:la posesión continuada durante diez años, la posesión pacífica y la posesión ininterrumpida por ese tiempo, cumplidos los mismos y declarada judicialmente la usucapión, ésta produce un doble efecto; el primero adquisitivo para los usucapientes y el segundo extintivo para el usucapido; por lo que necesariamente a tiempo de iniciar una demanda de usucapión respecto a un inmueble este debe contar con registro de propiedad a los fines de dirigir la demanda contra quien fuere último propietario, resultando imprescindible aquello; siendo preciso además a tal efecto y en cumplimiento de la ley N° 2028, que los jueces de oficio estén obligados a citar a la Alcaldía Municipal a efectos de conocer que el inmueble a usucapir no sea de su propiedad o se encuentre en áreas verdes o de equipamiento. Entonces, es obligación de quien pretende usucapir, efectuar un detalle o relación registral de quienes figuraron como propietarios en los Registros de Derechos Reales, por una parte; por otra es obligación del Juez solicitar esta certificación o tradición registral antes de admitir la demanda a los fines de que, a quien se demanda sea el legitimado pasivo.En el presente caso, de principio el Juez de la causa advirtió aquel aspecto, señalando en el proveído de fs. 14 de fecha 7 de junio de 2011 en el punto 4 que: “Ofíciese a la oficina de Derechos Reales, para que otorgue el certificado de propiedad del inmueble y certificado negativo del demandante.”, cumpliendo de manera parcial con ese mandato por parte de la demandante que a fs. 20 adjunta Certificado extendido por Derechos Reales sólo respecto al Certificado de no propiedad, no habiendo cumplido con respecto a la primera parte referida a la certificación de la propiedad del bien inmueble demandado en usucapión, verificándose a su vez el incumplimiento del deber del Juez a fin de que se cumpla a cabalidad la orden expedida, no habiéndolo hecho así, sensiblemente se tramitó la causa con ese defecto, que inviabiliza la posibilidad de establecer con certeza contra quien o quienes se producirá el efecto extintivo de la usucapión; pues si bien se dice demandar a las personas que figuran en las literales de fs. 6 a 8, aquellos refieren ser propietarios a título sucesorio al fallecimiento de su abuela, señalando una partida computarizada cuya situación actual no se tiene certeza como quedó, no existe certificado actualizado del mismo pues su mención refiere a 22 de marzo de 1995, sin embargo ello es mera mención sin respaldo alguno, además de no existir certeza que los mencionados fueran efectivamente herederos de la persona que presuntamente figuraría en el registro de Derechos Reales, o que fueran los únicos herederos. Negligencia o descuido en principio de la actora y luego del Juez que conoció la causa, que debieron cumplir la primera en dar estricta observancia a lo dispuesto y en segundo término al juzgador de exigir que su disposición sea cumplida, a fin de establecer con certeza quien o quienes eran o son los legitimados pasivos.
Lo anterior indudablemente ha originado que lo sustanciado en el proceso y lo resuelto por el A quo no sea eficaz en derecho, y se vulnera la seguridad jurídica tanto a la parte demandante como para los verdaderos o actuales propietarios, que pudieran alegar derecho propietario, precisamente como la recurrente que alega a la vez tener derecho propietario sobre el predio demandado; de haber dado cumplimiento a la exigencia de adjuntar la certificación respectiva, no se estuviera ante la contingencia que se presentó y si en realidad los demandados fueran los propietarios, así demostrable de la certificación que debiera emitir la Oficina de Derechos Reales, no fuera necesario considerar la intervención de la persona que recurrió en apelación así como en casación; ante la carencia de ese dato, indudablemente se pone en duda quien resulta el verdadero propietario registral, pues si bien se demostró la concurrencia de los elementos que se precisan para la declaratoria de usucapión por parte de la actora en cuanto a lo descrito supra en cuanto a la posesión continuada durante diez años, y que esta fuera pacífica e ininterrumpida por ese tiempo, no existe evidencia ni certeza de a quien se le extinguirá su derecho propietario, verificando aquello de la propia sentencia que no refiere ese aspecto en la parte dispositiva con la sola orden de que Derechos reales deba registrar el testimonio a expedir, sin concretar a que partida o matrícula se irá a afectar, que resulta ciertamente irregular. Así expuesto el caso, aun en la consideración de que deba dejarse incólume la sentencia dictada en el caso, no tendría la eficacia que deben tener las resoluciones, pues quien alegue tener derecho propietario y demuestre ese aspecto, estará facultado a accionar lo que corresponda a fin de hacer valer su derecho propietario, aspecto que la propia actora debe considerar para no sufrir mayor perjuicio, pues ninguna resolución podrá afectar a quien no fue demandado, más allá de que la misma tenga calidad de cosa juzgada entre las partes intervinientes en la controversia judicial, conforme prevé el art. 194 del Código de Procedimiento Civil.

Por lo anteriormente expuesto, corresponde a este Tribunal resolver de conformidad a lo previsto en los arts. 271 núm. 3) del Código de Procedimiento Civil.