Dr. Ramiro Carrillo A. | ABOGADO

Con el fin de resolver la problemática jurídica denunciada, resulta necesario indicar que a partir de la promulgación de la Constitución Política del Estado de 2009, Bolivia se erige en un nuevo modelo de Estado teniendo como uno de sus fines primordiales la protección y eficacia máxima de los derechos, es así que, dentro de su amplio catálogo de derechos fundamentales se encuentran reconocidos los derechos a la vida y a la integridad física, psicológica y libertad sexual de las personas (art. 15.I de la CPE), instituyéndose en el parágrafo III de la nombrada norma constitucional, que: “El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como privado” (el resaltado nos pertenece).

Deber de protección que adquiere mayor relevancia cuando se trata de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, por considerarse un grupo vulnerable, es así que el art. 60 de la Norma Suprema establece: “Es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” (el resaltado es nuestro). A su vez 61.I de la CPE estipula que “Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad” (negrillas añadidas).

Normas desglosadas que guardan relación con la SCP 0418/2016-S1 de 13 de abril, que refirió: “La normativa legal precedente, emerge de un proceso paulatino de modificación a la legislación nacional, para garantizar los derechos de la niñez y adolescencia reconocidos en instrumentos internacionales; cuyo hito trascendental, surge a partir de la aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ‘Convención sobre los Derechos del Niño’ Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General en su Resolución 44/25 el 20 de Noviembre de 1989, (ratificada por el Estado boliviano el 14 de mayo de 1990 mediante Ley 1152); a través de la cual, se estableció un cambio de paradigma en la concepción de la niñez y adolescencia, al reconocer a los menores como sujetos de derechos y partícipes de su propio desarrollo, bajo la premisa del respeto por el ‘interés superior del niño’, constituyéndose en la esencia reguladora de la normativa a desarrollarse en torno a los derechos de la niñez y adolescencia, traduciéndose en la responsabilidad de protegerlos a través de una efectiva tutela legal y judicial”