Dr. Ramiro Carrillo A. | ABOGADO

“…Respecto al subsidio de frontera, se debe aclara que la decisión asumida por el Tribunal de Segunda Instancia y la autoridad judicial a quo, no tiene su origen en una norma social, sino en el D.S. 21137, de 30 de noviembre de 1984, el cual en su art. 12 dispone: ‘Se sustituyen los bonos de frontera, zona o región con un subsidio de frontera, cuyo monto será el veinte por ciento del salario mensual. Se beneficiarán con este subsidio solamente los funcionarios y trabajadores del sector público cuyo lugar de trabajo se encuentre dentro de los cincuenta kilómetros lineales de las fronteras internacionales. Esta disposición regirá también para las empresas privadas’.

Se debe tener en cuenta que la referida norma legal, no hace distinción entre servidores públicos permanente y eventuales.

En relación al D.S. 27327, cuyo artículo 10, fue modificado por el art. 5 del D.S. 27327, esta disposición legal no hace referencia al subsidio de frontera, tampoco modifica en forma expresa lo dispuesto en el art. 12 del D.S. 21137, en consecuencia, se presume la constitucionalidad y validez de esta norma legal, en aplicación del art. 4 y 14 de la Ley 254.

A lo manifestado, se complementa lo previsto en el art. 15.I de la Ley del Órgano Judicial, respecto al principio de jerarquía normativa, consiguientemente, si bien una disposición legal contiene una descripción genérica y abstracta de un determinado acto, la
manera lógica y coherente de materializar la misma es aplicándola a un caso concreto, es en esta situación que una norma especial tiene preferencia, en relación a una norma
general…”.