Los funcionarios policiales no están obligados a testificar en juicio oral

AS Nro. 57/2013 | Sucre, 5 de marzo de 2013

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La Gaceta Jurisprudencial
Dr. Ramiro Carrillo A. | ABOGADO

Habiéndose admitido el recurso de casación, sólo en razón de haberse denunciado defectos absolutos por violación al principio de oralidad del juicio oral y el debido proceso en la incorporación de la prueba, en mérito a haberse abierto excepcionalmente la competencia de este Tribunal en función del mandato contenido en el artículo 115 de la Constitución Política del Estado, es que se tiene el siguiente análisis:

Es importante señalar que el principio de oralidad consiste en el predominio de la palabra hablada, y se traduce en aportar alegatos y elementos probatorios en el juicio de forma directa y verbal, pero sin excluir los escritos dentro de los procesos, en virtud de que aquellos, tienen como función dar soporte material a las evidencias y en algunos casos, el anuncio de lo ofrecido en el juicio oral, al tiempo de documentar el proceso.

Una de las ventajas de los juicios orales radica en la inmediación, que da lugar a la necesidad invariable que el juez esté presente en la judicialización de las pruebas, y él mismo emitirá la sentencia, por regla general en una sola audiencia. Asimismo, otro principio íntimamente ligado a la oralidad en los procesos es la publicidad, la cual consiste que las diligencias de las audiencias se realizan de manera pública ante la presencia de la sociedad, y las partes tienen conocimiento recíproco de los actos procesales de la contraparte para controvertirlas plenamente.

Por otra parte, de conformidad al Código de Procedimiento Penal, corresponde señalar que el capítulo I del título II del Libro Primero de la Segunda Parte del Código de Procedimiento Penal, establece las normas generales del juicio oral y público, refiriendo en el artículo 329 del citado cuerpo de normas adjetivas, que el juicio es la fase esencial del proceso, que se realizará sobre la base de la acusación; en forma contradictoria, oral, pública y continua, para la comprobación del delito y la responsabilidad del imputado, con plenitud de jurisdicción; además de que en el artículo 333 del referido Código, aparte de señalar que el juicio será oral, también especifica las piezas que podrán incorporarse por su lectura.

Para resolver el planteamiento del recurrente y constatar si el actuar del Tribunal de Alzada se encuentra o no dentro el defecto previsto en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, corresponde observar las normas adjetivas precedentemente señaladas referidas a las normas generales del juicio oral y público, de ahí que de la revisión de antecedentes, se evidencia que el juicio se realizó sobre la base de la acusación del Ministerio Público, habiéndose instalado la audiencia del juicio conforme al acta que cursa de fojas 290 a 298, el mismo que se desarrolló de manera contradictoria, porque ambas partes, tuvieron la oportunidad de ofrecer sus pruebas, así también de que se pueda incorporar prueba a través de su lectura, la que fue realizada, no habiendo sido objeto de observación u objeción alguna de las partes, más concretamente de la defensa; ya que en caso de que alguna de las partes hubiere observado, también tenían el derecho de impugnarlas o efectuar reserva de recurrir, situación que no existió en la audiencia conforme a la citada acta que cursa en obrados, además de constatarse en el mismo, que la referida audiencia del juicio se desarrolló de manera oral, pública y continua hasta dictarse la correspondiente sentencia.

Por otra parte, los recurrentes, se limitaron a señalar de manera genérica y contradictoria que: “El hecho de haber incorporado una prueba documental, que consiste precisamente en informes, diligencias, fotografías, que en si no son documentos, por su lectura, …” (sic) ha dado lugar a vicios procesales de nulidad absoluta establecida por el artículo 172 del Código de Procedimiento Penal; ya que refieren a una prueba documental pero que a la vez indican que en si no son documentos, sin explicar por qué motivos no serían documentos, además que no fueron observados por esta parte, en el juicio oral y contradictorio. Al respecto, como jurisprudencia constitucional, se tiene la Sentencia Constitucional 0984/2010-R de 23 de agosto de 2010, que en parte pertinente señala: “…por su parte la SC 1735/2004-R, de 27 de octubre, que su vez citó a la SC 0919/2004-R de 15 de junio, basada en la SC 287/2003-R, señaló que: “…este Tribunal Constitucional, al resolver casos análogos, ha determinado que no existe indefensión, cuando la persona con pleno conocimiento de la acción iniciada en su contra no interviene en el proceso, o ha dejado de intervenir en él por un acto de su propia voluntad, ya que en esos casos no existe lesión alguna al derecho a la defensa por parte del juzgador, sino que es el procesado como titular del derecho el que por propia voluntad o por dejadez no ejerce el mismo cuando debe hacerlo…”. Asimismo, la acusación fiscal, ofreció como prueba documental, acta de requisa de domicilio voluntaria, dos actas de requisa personal, acta de secuestro de hoja de coca, dos actas de aprehensión, acta de destrucción e incineración, informe de intervención policial, acta de entrega de taques de coca e informe en conclusiones del cuaderno de intervención relacionado con el caso SC-A-511/08; además de haber ofrecido como prueba instrumental, muestrario fotográfico, la que tampoco fue observada por los imputados en su memorial cursante de fojas 271 a 272 que en la suma indica: “CONTESTA ACUSACIÓN FISCAL” (sic). Lo cierto es que los artículos 174, 175, 188 y 333 del Código de Procedimiento Penal, indican los actuados que pueden ser incorporados a juicio a través de su lectura.

Por otra parte, los recurrentes citan el artículo 194 del Código de Procedimiento Penal, con relación a la declaración testifical del funcionario policial; sin embargo, corresponde señalar que el artículo 193 del Código de Procedimiento Penal, establece la obligatoriedad de testificar; entretanto que el artículo 194 del mismo cuerpo de normas adjetivas, dispone la capacidad de testificar, que es distinto a la obligatoriedad; por lo que la declaración de los funcionarios policiales respecto a sus actuaciones, no se encuentra inmersa dentro del citado artículo 193, aunque tengan la capacidad de hacerlo.

Corresponde también señalar que si bien este Tribunal Supremo de Justicia ha consentido como una causal para la admisión excepcional del recurso las denuncias referidas a la existencia de defectos absolutos en el trámite del proceso, no es menos cierto que también sostiene que las mismas deben encontrarse debidamente fundamentadas, ya que resulta insuficiente la simple enunciación del defecto, sin que el recurrente cumpla con la obligación de precisar la forma en que se quebrantó un derecho fundamental y detallar de forma clara y precisa el agravio, restricción o disminución del derecho o garantía y finalmente explicar el resultado dañoso emergente del defecto, así como las consecuencias procesales cuya relevancia tenga connotaciones de orden constitucional. Y, que en el caso de autos, se evidencia que los recurrentes se limitaron sólo a enunciar el defecto, sin realizar la referida debida fundamentación en el ámbito de derechos y garantías constitucionales, Convenciones y Tratados Internacionales vigentes, que precisamente son referidos en el artículo 169 inciso 3) del Código de Procedimiento Penal, pero que no fueron argumentados por los recurrentes, ya que el principio de oralidad por sí solo, constituye un principio procesal al tenor del artículo 180 parágrafo I. de la Constitución Política del Estado, cuando señala: “La jurisdicción ordinaria se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad…”, no habiendo realizado ninguna fundamentación de la vulneración de éste principio que tenga connotación en el orden constitucional.

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