“…si bien es cierto que el art. 61 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago, como el art. 532 del Reglamento del Código de Seguridad Social, establecen que la acción de cualquier derecho-habiente para reclamar una renta de los seguros de riesgos profesionales o de muerte, prescribe a los tres años de la fecha de fallecimiento del causante; sin embargo, no es menos cierto que el art. 410.II de la CPE, establece que la Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico boliviano y goza de primacía frente a cualquier otra disposición normativa. A ello corresponde señalar que de conformidad al art. 164.II. del mismo cuerpo de normas fundamentales, debe cumplirse obligatoriamente a partir del momento de su publicación.

Por otra parte, es de advertir, que el art. 48.IV. de la CPE, establece que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.

Consiguientemente, en consideración a las disposiciones legales precedentemente citadas, de la revisión de antecedentes, se advierte que a fs. 129, cursa el Certificado de defunción de Edith Luz Avila Enriquez, misma que demuestra que falleció el 9 de agosto de 2010, consiguientemente, cuando se encontraba en plena vigencia la nueva Constitución Política del Estado de 7 de febrero de 2009, misma que en su art. 48.IV. dispone que los salarios o sueldos devengados, derechos laborales, beneficios sociales y aportes a la seguridad social no pagados tienen privilegio y preferencia sobre cualquier otra acreencia, y son inembargables e imprescriptibles.

Por tanto, el solicitante José López López para acceder a los derechos de viudedad, tramitados ante SENASIR, no tiene plazo porque son imprescriptibles, aún sea que el art. 61 del Manual de Prestaciones de Rentas en Curso de Pago y Adquisición y el art. 532 del Reglamento del Código de Seguridad Social, dispongan la prescripción en tres años, toda vez que por mandato del art. 410.II de la CPE, son las disposiciones constitucionales las que deben aplicarse con primacía frente a cualquier otra disposición legal de inferior jerarquía como lo son las alegadas por la entidad recurrente.

Consiguientemente, el Tribunal de Apelación, ajustó a derecho sus determinaciones, no habiendo sido demostrado por el SENASIR, aspecto contrario…”.

Por tanto: Infundado.