El régimen normativo para el procesamiento administrativo disciplinario de servidores de la educación pública

SCP Nro. 720/2018-S4 | Sucre, 30 de octubre de 2018

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La Gaceta Jurisprudencial
Dr. Ramiro Carrillo A. | ABOGADO

Las normas previstas por el art. 12.II del Decreto Supremo (DS) 23318-A de 3 de noviembre de 1992 –Reglamento de la Responsabilidad por la Función Pública–, modificado por el DS 26237 de 29 de junio de 2001, al estipular la autoridad legal competente y el procedimiento a seguir para el procesamiento administrativo de los funcionarios públicos, dispone que: “En los casos de los Gobiernos Municipales, Universidades Públicas, Escalafón Judicial del Poder Judicial, Carrera Fiscal del Ministerio Público, Servicio Exterior y Escalafón Diplomático, Magisterio Público, Servicio de Salud Pública y Seguridad Social, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, la autoridad legal competente así como el procedimiento para la determinación de la responsabilidad administrativa, se regirá por su legislación especial
aplicable”.

La Ley de Educación 070 de 20 de diciembre de 2010 –Ley de Educación Avelino Siñani – Elizardo Pérez–, en su Disposición Abrogatoria Única, dispone: “Se abrogan la Ley 1565 de Reforma Educativa, de fecha 07 de julio de 1994, la Ley 3009 del Consejo Nacional de Acreditación de Educación Superior y otras disposiciones normativas contrarias a la presente Ley. En tanto se apruebe la reglamentación para cada ámbito específico del Sistema Educativo Plurinacional, se sujetarán al marco normativo anterior a la promulgación de la presente Ley”; dichos preceptos normativos hacen concluir que, el régimen disciplinario aplicable a los servidores públicos del ámbito del Magisterio fiscal es la normativa especial existente en el servicio de educación pública, que para el caso con anteriores a la Ley 070.

En tal sentido, el art. 2 del DS 23968 de 24 de febrero de 1995, respecto a la constitución del Servicio de Educación Pública (SEP) establece que: “El presente Decreto Supremo norma la creación de las carreras docente y administrativa del Servicio de Educación Pública en todos los establecimientos educativos no autónomos del mismo Servicio; y en sus estructuras de Administración Curricular y de Servicios Técnico Pedagógicos y de Administración de Recursos”.

Es en ese marco que, el régimen disciplinario del SEP regula dos tipos de servidores: i) Los servidores administrativos que forman parte de la Administración Educativa, y que según los previsto por el art. 34 del DS 23968 “Pertenecen a la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, como funcionarios públicos: 1. El Director General, los Directores Departamentales, Distritales y Subdistritales, los Directores de Institutos Superiores, Directores Académicos y Administrativos, y los Directores de Carrera. 2. Los funcionarios de Servicios Técnico-Pedagógicos y Asesores Pedagógicos, así como los funcionarios de Administración de Recursos de todos los niveles. 3. El personal de apoyo y de servicio de la Secretaría Nacional de Educación, de las Direcciones Departamentales y de las Direcciones Distritales y Subdistritales. 4. El personal de apoyo y de servicio de las unidades educativas y de núcleo”; y, ii) Los servidores educativos o docentes que se encuentren en el área de gestión pedagógica, y que según lo establecido por el art. 7 del DS 23968 “Pertenecen a la Carrera Docente los docentes o maestros de aula y los directores de unidad educativa o de núcleo, en los establecimientos educativos no autónomos de cualquier área, nivel o modalidad del Servicio de Educación Pública”.

Cabe señalar que, cada uno de los tipos de servidores públicos referidos en el párrafo precedente tiene un régimen disciplinario diverso a ser aplicable; así, para los servidores administrativos les es aplicable el régimen disciplinario normado en el Reglamento de la Carrera Administrativa del Servicio de Educación Pública, aprobado mediante Resolución Ministerial (RM) 062/2000 de 17 de febrero, criterio desarrollado en la SC 1301/2002-R de 28 de octubre; en cambio, para los servidores de la carrera docente, no le son aplicables las normas legales antes citadas para el procesamiento específico de los servidores administrativos, sino que están sujetos a otro régimen disciplinario especial, como es el comprendido en los arts. 26 al 33 del DS 23968, norma jurídica que prevé que el Director Distrital de Educación instaurará el proceso administrativo siguiendo el procedimiento que establece el Reglamento de faltas y sanciones disciplinarias, en base a las pruebas y los testimonios acumulados; en ese marco, resulta además aplicable a este sector del servicio de educación pública, lo previsto por el Reglamento de faltas y sanciones del magisterio y personal docente y administrativo aprobado por la RS 212414 de 21 de abril de 1993; así razonó la SC 1441/2011-R de 10 de octubre.

En este sentido, es evidente que el sector docente (para diferenciarlo del sector  administrativo) del Servicio de Educación Pública tiene sus normas específicas, que regulan el proceso disciplinario, es así que, el Capítulo Sexto del Reglamento de Faltas y Sanciones del Magisterio y Personal Docente y Administrativo aprobado por la Resolución Suprema (RS) 212414 de 21 de abril de 1993, prevé el procedimiento disciplinario para los funcionarios de la carrera docente del SEP, regula de las garantías procesales, de las faltas o infracciones disciplinarias, de las sanciones, de la organización de los tribunales disciplinarios, del proceso disciplinario en sí, de los recursos de apelación y revisión y de la ejecución de los fallos disciplinarios.

Dicha norma jurídica, en cuanto a la organización de los tribunales disciplinarios, refiere que éstos estarán organizados en los niveles nacional y departamental y que estarán compuestos por un presidente, un fiscal promotor y un secretario actuario, conformados por maestros-abogados de ascendencia y autoridad moral. El Tribunal Disciplinario Nacional, con sede en la ciudad de Nuestra Señora de La Paz, tiene competencia para conocer las apelaciones interpuestas contra los fallos pronunciados por los tribunales de primera instancia o departamentales, estará presidido por el Director General de Educación. Los tribunales disciplinarios departamentales y regionales, con sede en la capital de cada departamento, tienen competencia para conocer, en calidad de tribunal de primera instancia, los casos de denuncias de comisión de faltas o infracciones graves y muy
graves de su jurisdicción departamental.

En cuanto a los Tribunales Departamentales, se establece que éstos serán designados por el Director Departamental de Educación (Urbano o Rural) de manera corresponsable con la Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana del área correspondiente. Se establece que el Tribunal Disciplinario Nacional será designado por el Ministerio de Educación y Cultura en corresponsabilidad con la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana o Rural. También dicha norma prevé la situación del reemplazo de los miembros, señalado así que, en caso de renuncia, excusa o recusación de parte o la totalidad del tribunal disciplinario, la autoridad designante procederá a reemplazarlo de inmediato, en coordinación con la Dirección Sindical de los Maestros, previa comprobación de la causal aducida. Contiene igualmente norma relativas a las excusas y recusaciones, al señalar que éstas sólo procederán cuando exista parentesco consanguíneo hasta el cuarto grado o vínculo espiritual determinado (arts. 15 al 21 del cuerpo normativo citado).

A partir del art. 23 del Reglamento ya anotado, se desarrollan normas que configuran el proceso, ordenando de esa manera un proceso que, al igual que para el sector administrativo, también contiene dos fases, la sumarial y la de apelación y revisión; ahora bien, conforme a lo ya anotado, a partir del art. 15 del mencionado Reglamento se prevé la conformación de los tribunales disciplinarios, que conforme se dijo, estarán organizados en dos niveles, el departamental que conocerá la fase del proceso sumarial y el nacional que conocerá la apelación, como también disponen los arts. 16, 17 y 25 de la mencionada RS 212414; sin embargo, se debe precisar que la segunda fase del proceso previsto en el Capítulo Séptimo del mencionado Decreto Supremo, hace alusión a la etapa de apelación y revisión, que tiene relación con lo previsto en el art. 31 del DS 23968, que conforme ya se refirió, contiene normas que también regulan el procedimiento disciplinario sancionatorio para docentes, precepto normativo que en su contenido establece además que “Producido el fallo, será elevado en revisión al Director Departamental, con cuyo pronunciamiento concluye el proceso por la vía administrativa”, norma que establece la facultad de revisión de oficio del fallo emitido por el Tribunal sumariante, por parte del Director Departamental de Educación, que se entiende, opera en los casos en que no exista apelación del fallo de primera instancia pronunciado por el Tribunal Departamental, concluyendo por ello que, el proceso disciplinario en la vía administrativa finaliza con la emisión del fallo de dicha revisión. Se deja establecido que, en este proceso especial para la carrera docente del SEP, no se encuentran previstos los recursos de revocatoria y jerárquico previstos en el DS 23318-A, modificado por el DS 26237.

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