El derecho de los usuarios al acceso a un sistema de transporte urbano eficiente y eficaz, que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores

SCP Nro. 707/2018-S2 | Sucre, 31 de octubre de 2018

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La Gaceta Jurisprudencial

Uno de los derechos de los usuarios con estatus de derecho fundamental, es el derecho de los usuarios al acceso a un sistema de transporte integral en sus diferentes modalidades -aérea, terrestre, ferroviaria y acuática, esto es fluvial y lacustre- contenido en el art. 76.I de la CPE, que señala: “El Estado garantiza el acceso a un sistema de transporte integral en sus diversas modalidades. La Ley determinará que el sistema de transporte sea eficiente y eficaz, y que genere beneficios a los usuarios y a los proveedores”; de donde se desprende, como se verá a continuación, el derecho de los usuarios al acceso a un sistema de transporte urbano.

Ahora bien, la protección del derecho de los usuarios al acceso a un sistema de transporte urbano, contenido en el art. 76.I de la CPE, excede a la simple relación de los derechos y obligaciones entre los proveedores del servicio y los usuarios del mismo en las relaciones de consumo; toda vez que, conforme entendió la referida SCP 1560/2014, incluye el deber del Gobierno Autónomo Municipal de adoptar las medidas necesarias para el efectivo goce de este derecho, en el marco de sus competencias -distribuidas y diferencias entre sus órganos ejecutivo y legislativo-; ya que sobre la base del modelo de Estado Social de Derecho asumido en el art.1 de la CPE, las relaciones entre los usuarios y proveedores que prestan el servicio de transporte, no están librados a su absoluta libertad, como ocurre bajo la idea o concepción liberal de Estado, en razón al reconocimiento de la situación de desventaja y desigualdad de los usuarios frente a los proveedores del servicio, imponiéndole por ende, deberes específicos al Estado; en el caso concreto, a través de los Gobiernos Autónomos Municipales con la responsabilidad de regulación y control de la eficiencia y eficacia de este servicio, que se presta a la comunidad; al ser inherente a la finalidad del Estado Social de Derecho, que busca la protección del interés general y el beneficio de todos.

En efecto, en materia de servicio de transporte urbano, la Constitución Política del Estado, le asigna a los Gobiernos Autónomos Municipales, en su jurisdicción, la competencia exclusiva de regulación normativa -art. 302.I.18 de la CPE-; a partir de cuya norma constitucional, las siguientes normas legales también le asignan competencia de regulación al Gobierno Autónomo Municipal, como son: 1) Los arts. 25, 326 y 497 de la Ley 453; 2) Los arts. 17.c. 8 y 22 inc. d) de la LGTrans; última norma que establece que los Gobiernos Autónomos Municipales tienen las competencias exclusivas de regular las tarifas de transporte en el área de su jurisdicción; en el marco de las normas, políticas y parámetros fijados por el nivel central del Estado; y, 3) La Ley Municipal de Movilidad Urbana y Transporte, modificada por la Ley Municipal 144 de 16 de noviembre de 2017, que de igual forma atribuye en su art. 14.I al Órgano Ejecutivo Municipal, la facultad de ejercer la dirección integral de las atribuciones conferidas a la instancia municipal competente; la cual, según su art. 16, tiene atribuciones amplias en materia de tarifas para la prestación de los servicios públicos de transporte; así como el art. 13, que dispone: “El Concejo Municipal, podrá proponer políticas de Transporte y Tránsito, para lograr el cumplimiento de los fines de la presente Ley”.

Es a partir del ejercicio de esas competencias atribuidas al Gobierno Autónomo Municipal -en sus Órganos Ejecutivo y Legislativo- que se establecerán los: “…beneficios a los usuarios y a los proveedores” que proclama la Norma Suprema en su art. 76.I, traducidos en derechos y obligaciones de ambos, en la relación del servicio de transporte urbano; en el caso concreto, la regulación y cumplimiento de la tarifa de los microbuses en el municipio de Tarija y las responsabilidades emergentes, así como la participación de la sociedad civil organizada, que motivan esta acción popular.

En efecto, la Ley Municipal de Movilidad Urbana y Transporte, referida a las obligaciones de los operadores, en su art. 33.I inc. j) impone el deber de: “Acatar la tarifa aprobada por el Gobierno Autónomo Municipal” y sobre las prerrogativas o derechos de los operadores, en su el art. 32 inc. a) estipula el derecho a: “Cobrar la tarifa de transporte público por los servicios prestados a los usuarios”. De otro lado, el art. 34.9 de la referida norma, estable el derecho de los usuarios del servicio de transporte público de personas: “A erogar la tarifa aprobada por el Gobierno Autónomo Municipal, sin la imposición de costos adicionales” y la obligación de “Cancelar la tarifa por uso de transporte público”.

(…)

2° Disponer además, sobre la base de los fundamentos jurídicos de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, lo siguiente: a) El resarcimiento e indemnización por la lesión del derecho de los usuarios al acceso a un sistema de transporte urbano eficiente y eficaz, a toda la colectividad o comunidad que se beneficia con este servicio, con la medida de UN DIA DE TRANSPORTE PÚBLICO LIBRE Y GRATUITO, fijado a los cinco días a partir de la notificación con esta Sentencia Constitucional Plurinacional y cumpliendo los criterios de prestación del servicio previstos en el art. 33 de la Ley Municipal de Movilidad Urbana y Transporte, a cargo de todos los asociados del gremio del transporte urbano de Tarija;

 

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