Dr. Ramiro Carrillo A, | ABOGADO

En el Auto Supremo Nº 41/2015 de 23 de enero de 2015, se ha establecido lo siguiente:

“De los antecedentes expuestos  se advierte que la parte actora tiene dos partidas de nacimiento que registran dos filiaciones paternas distintas, una que corresponde a la relación biológica de padre e hija y otra que no guarda relación  con ese vínculo biológico, pero que corresponde a la realidad social y jurídica en que se desenvolvió la vida de la demandante.

Establecido lo anterior diremos que, tradicionalmente se consideró a la filiación como aquel vínculo que se establece entre padre e hijo en virtud a los lazos biológicos que lo sustentan; sin embargo, esa forma de concebir a la filiación como vínculo jurídico derivado de la relación biológica, no es absoluta, porque en muchos casos el vínculo filial no tiene como sustento el factor biológico, situación que se da en casos de adopción, de inseminación artificial de espermatozoides de donantes, de algunos casos de reconocimientos voluntarios inclusive, circunstancias en las que el paradigma de la relación biológica como sustento de la filiación  queda en segundo plano, definiéndose la paternidad y el vínculo filial por la voluntad libre de quien decide asumir  la responsabilidad paterna. En ese sentido resulta necesario esbozar una nueva concepción de la filiación que resalte el vínculo jurídico  que genera la relación de padre e hijo del cual derivan derechos y obligaciones.

En ese contexto, instituida una filiación paterna no es posible el establecimiento de otra distinta sin que previamente se hubiere desplazado la primera, en otras palabras, establecido un vínculo jurídico filial éste debe desaparecer o desplazarse antes de instituirse otro vínculo jurídico filial distinto, sin embargo, en la vida cotidiana resulta innegable que, por diversas circunstancias, sin que opere el desplazamiento de la  filiación inicial se instituya otra u otras distintas, lo que genera conflictividad que lamentablemente no encuentra solución normativa, porque, como es lógico, el legislador no avizoró una solución a ese problema  en el entendido de que todos actuarían conforme a la previsiones legales en cuyo mérito antes de instituir una nueva filiación se debería desplazar la anterior.

La falta de solución normativa no implica que el problema sea inexistente o que el mismo no merezca una solución jurídica, pues, es deber del Estado garantizar la armonía social, reconocido como principio fundamental de la función jurisdiccional, en virtud a ello,  la solución al conflicto deberá emerger de la consideración de principios y valores que garanticen a las partes el reconocimiento de sus derechos subjetivos.

En ese marco, conviene precisar que toda persona tiene derecho a la identidad que supone su identificación familiar, cultural y nacional, derecho que se encuentra reconocido por tratados y convenciones internacionales, que rescatan como elementos esenciales del mismo el derecho a tener un nombre y apellidos, a estar debidamente inscrito en el registro civil, a tener una filiación, a la nacionalidad, a pertenecer a un grupo cultural y compartir con sus integrantes religión, idioma o lengua, sin que eso pueda ser entendido como razón para contrariar  ninguno de sus derechos.

El derecho a la identidad también comprende el derecho que tiene toda persona a conocer su origen y conocer a sus padres biológicos, en la medida en que esto sea posible, por otra parte supone también el derecho a preservar su identidad y sus relaciones familiares.

Como se puede advertir el derecho a la identidad resulta muy complejo, sin embargo esa complejidad permite a toda persona tener alternativas respecto a su identidad, por ejemplo, en virtud al derecho que tiene de conocer su origen y a sus padres biológicos, toda persona podría, en los casos permitidos, impugnar aquella filiación que no guarde correspondencia con ese vínculo biológico; empero, en consideración al derecho a preservar su identidad y sus relaciones familiares, toda persona podrá defender la filiación que ostenta, aún ésta no corresponda a los lazos biológicos, cuando la misma fue instituida por un reconocimiento exento de vicios en el consentimiento del reconociente, y de la misma derivaron efectivas relaciones familiares que no pueden verse afectadas o truncadas porque ello supondría afectación al derecho a la identidad de la persona con los consiguientes perjuicios que ello implica, más aún cuando ya se tiene una trayectoria de vida por muchos años.

Establecido lo anterior diremos que cuando una persona ostente doble partida de nacimiento con vínculos paterno filiales distintos, sin que el primigenio hubiera sido excluido o desplazado previamente, cada caso concreto deberá ser considerado y resuelto de forma particular. Si por ejemplo,  quien alude tener dos filiaciones paternas distintas pretende invalidar aquella que no corresponde al vínculo biológico, podrá impugnarla buscando su ineficacia y el consiguiente reconocimiento de aquella que guarde relación con los lazos biológicos que pretende hacer prevalecer.

En el caso de Autos, esa solución no corresponde, porque la filiación que se pretende hacer prevalecer es aquella  que guarda relación con la realidad social y jurídica en que se desenvolvió la parte actora, y no la que guarda relación son los lazos biológicos, en otras palabras la actora busca el reconocimiento de su derecho a la identidad entendido como el derecho que tiene a preservar no solo el nombre y apellido que ostenta sino a mantener los lazos y relaciones familiares que se han generado y desarrollado eficazmente en relación a aquel vínculo filial paterno que pretende prevalezca”.